Informes por países

Informes mundiales comparativos

Análisis comparativo de leyes y prácticas de vigilancia en América Latina (2016)

Este informe de EFF ofrece un análisis comparativo de las leyes de vigilancia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, el Paraguay, El Perú y el Uruguay, con recomendaciones para el futuro.


  • Costa Rica

    Vigilancia Estatal de las Comunicaciones y Protección de los Derechos Fundamentales en Costa Rica (2018)

    En este informe de Access se esboza ahora el marco jurídico de Costa Rica sobre el acceso legal del gobierno a los datos de las comunicaciones en las investigaciones penales. Ofrece una visión general del marco jurídico nacional de protección de datos, las leyes de acceso del gobierno en relación con los tipos de datos de las comunicaciones, las obligaciones de las empresas de cumplir con las solicitudes de datos y las obligaciones y/o prácticas de transparencia.

  • Costa Rica

  • El Salvador

  • Guatemala

  • Honduras

  • Nicaragua

  • Perú

    Vigilancia de las Comunicaciones del Estado y la Protección de los Derechos Fundamentales en El Perú (2016)

    Este informe de EFF esboza el marco legal de Perú sobre el acceso legal del gobierno a los datos de comunicaciones en las investigaciones penales. Ofrece una visión general del marco jurídico nacional de protección de datos, las leyes de acceso del gobierno en relación con los tipos de datos de las comunicaciones, las obligaciones de las empresas de cumplir con las solicitudes de datos y las obligaciones y/o prácticas de transparencia.

  • Uruguay

    Vigilancia de las Comunicaciones del Estado y la Protección de los Derechos Fundamentales en el Uruguay (2016)

    Este informe de Fabrizio Scrollini, Ana Tuduri y Katitza Rodríguez esboza el marco legal de Uruguay sobre el acceso legal del gobierno a los datos de las comunicaciones en las investigaciones penales. Proporciona una visión general del marco jurídico nacional de protección de datos, las leyes de acceso del gobierno en relación con los tipos de datos de las comunicaciones, las obligaciones de las empresas de cumplir con las solicitudes de datos y las obligaciones y/o prácticas de transparencia.